La dinámica demográfica global nos enfrenta a un hecho irreversible y, en el fondo, esperanzador: el envejecimiento de la población. En México, este fenómeno ha sido reconocido con la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, un marco jurídico que busca garantizar un envejecimiento digno, activo y con pleno goce de derechos. Lejos de ser un texto meramente asistencialista, esta ley sienta las bases para comprender que la vejez es una etapa de vida con potencial, donde la actividad física y la prevención de la pérdida muscular se erigen como pilares de la autonomía y la salud.
La Ley: Un Marco para la Autonomía y la Salud Integral
La ley, en su articulado, establece derechos fundamentales que trascienden lo básico. No se conforma con asegurar alimentación y salud, sino que promueve explícitamente una vida activa. Por ejemplo, el Artículo 5º, Fracción VI, establece el derecho a:
“Recibir facilidades para incorporarse a una vida productiva y a realizar actividad física, cultural y de esparcimiento.”
Esta disposición no es casual. Reconoce que la “facilidad” para realizar actividad física es un derecho, lo que implica que el Estado, la sociedad y las familias deben generar las condiciones para que las personas mayores puedan ejercitarse de manera segura y accesible. Este principio se complementa con el Artículo 8º, Fracción III, que señala como una obligación de la Federación:
“Fomentar programas de activación física, recreación y deporte para las Personas Adultas Mayores.”
Estos artículos, entre otros, transforman la concepción de la actividad física: deja de ser una mera recomendación médica para convertirse en un derecho exigible y una política pública necesaria. Es el reconocimiento legal de que moverse es sinónimo de vivir con plenitud.